"Ante
la amenaza de que Conagua concesione acuíferos a empresas extranjeras para que
exploten gas shale, el Poder Legislativo está obligado a dotar al país de una
Ley General de Aguas que ponga como centro el derecho humano al vital
líquido", aseguró la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida
Alavez Ruiz.
La legisladora reiteró que el agua debe
verse como un bien social y no como una mercancía, sobre todo cuando el titular
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, contestó a la Cámara de
Diputados que prevén establecer convenios con Conagua para “gestionar
concesiones de acuíferos y en casos especiales compra de derechos de uso del
agua”.
Consideró que este anuncio pone en alerta a
la sociedad mexicana porque se pone en riesgo la dotación para consumo humano
en las zonas que serán afectadas.
Recordó que el fracking es una práctica de
extracción de gas de lutitas surgida en Texas, con graves consecuencias para
las pequeñas localidades y rancherías de ese estado.
Afirmó que la subasta de recursos por parte
del gobierno alcanza al agua, a pesar del grave problema de disponibilidad para
el consumo humano. “Es incongruente que desde el gobierno se incite a una
práctica alevosa y dañina para su propia sociedad,” dijo.
El fracking, abundó, requiere entre 10 y 30
millones de litros de agua por pozo junto con 2 mil 500 productos y 800 tipos
de químicos distintos en el líquido que pueden dañar adversamente la salud
humana, aunque PEMEX diga que no se utilizan químicos peligrosos.
Acusó de omisa y cómplice a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales que ha sido comparsa de este
procedimiento al dictaminar viables los proyectos de la cuenca de Burgos
2004-2022 y el de Sabinas-Piedras Negras, por lo que deberá solicitarse una
revisión para investigar detenidamente cómo se ha dado cumplimiento a las
medidas de mitigación.
Aseveró que en el marco del Día Mundial del
Agua se debe reflexionar sobre la importancia que tiene en nuestros días,
fundamentalmente la que se requiere para el consumo humano. Agregó que
del agua disponible solo el 37% se infiltra en los acuíferos. Destacó que de
los 18,035 m3 por habitante al año que se tenía en 1950, éste se ha reducido a
apenas 4,200 en 2010 y la tendencia en el futuro no es nada esperanzadora.
“De ahí que la Cámara de Diputados tiene
una responsabilidad enorme para que en próximas fechas se pueda aprobar la Ley
General de Aguas desde una perspectiva social y no que sólo sirva a las grandes
empresas del vital líquido y las energéticas que sólo vienen tras ganancias
inmediatas a costa de la seguridad humana", concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario