
De acuerdo a la iniciativa, de la cual MILENIO posee una copia, en caso de fallecimiento de la víctima por causas de acoso y violencia escolar, los padres o tutores del menor infractor están obligados al pago de los gastos funerarios e indemnización que corresponda.
Asimismo, en caso de homicidio “se confinará al consejo tutelar por un periodo de uno y hasta cinco años, y cuando ocurra la revisión del caso se deberá tomar en cuenta la opinión de los padres del menor que hubiere perdido la vida”.
La iniciativa del diputado Alejandro Montano establece que el menor infractor que cometa bullying deberá cumplir un periodo de seis meses de trabajo social inconmutables.
En la exposición de motivos el legislador veracruzano reconoció la oportuna respuesta del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Educación, Emilio Chuayffet para signar un acuerdo de acciones preventivas.
En ese sentido, aseguró que es necesario darle a la federación y a los estados las herramientas legales para que las acciones contra el bullying sean de fondo y efectivas.
Montano explicó que el acoso y violencia escolar se ha convertido en un severo, pues de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en los últimos dos años se incrementó el número de afectados en 10 por ciento.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de estos casos en educación básica, ya que afecta a 10 millones 781 mil 875 alumnos.
Además, investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México detallan que 65 por ciento de los menores han sufrido bullying.
Ante estas cifras la bancada del PRI, liderada por Manlio Fabio Beltrones, propondrá esta legislación para garantizar la seguridad de los alumnos en los centros escolares.
“En la escuela, las autoridades educativas deberán de mantener, en todo momento, tanto en los salones de clase, como en los espacios educativos, la disciplina para la construcción de una buena conducta”, refieren.
Entre las disposiciones que contempla la ley priísta es contar con seguridad dentro de los planteles educativos. Así como la creación de criterios y procedimientos y protocolos mínimos que prevengan, actúen y sancionen el acoso y violencia escolar.
Para los padres de familia se establece “responsabilizarse de los daños que puedan causar sus hijos, como la cobertura total de gastos médicos y psicológicos”.
Para los casos más graves se modificará la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal:
“El menor infractor que cometa actos de bullying deberá cumplir un periodo de seis meses de trabajo social inconmutable.
Y en caso que el menor infractor cometa un homicidio se confinará al consejo tutelar de menor de uno y hasta cinco años”.
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