México, 27 de julio 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Un primo del ex “presidente” panista Vicente Fox Quesada se encuentra entre los 203 empresarios y prestanombres que están al servicio del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, de acuerdo con una investigación de la periodista Anabel Hernández para el semanario Proceso.
La información sobre los nexos de Fox con el líder del cártel de Sinaloa, proviene de un análisis elaborado por las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) en marzo de 2014.
El documento, en poder de Anabel Hernández, se refiere a una investigación sobre los contactos de que dispone el recién “fugado” capo para su protección, “así como de las redes y los operadores financieros a su servicio a través de los cuales ha podido lavar cientos de millones de dólares en los últimos 13 años”.
Ahí se documenta la existencia de una red conformada por 242 empresas registradas en México así como los nombres de al menos 203 empresarios y prestanombres, entre los que figura Gabriel Quesada Suárez, primo del ex mandatario Vicente Fox y, según detalla Hernández, representante del “gobierno” de Jalisco en el Distrito Federal de 2007 a 2013 con el aval del propio Fox.
“La intensificación de las investigaciones no se centra únicamente en las redes y actividades del Chapo –aclara el documento de la Semar–, sino también de los principales mandos del Cártel de Sinaloa, fundamentalmente Ismael Zambada, El Mayo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Dámaso López Núñez, El Licenciado y su hijo Dámaso López, El Mini Lic, entre otros”, señala el documento citado por Anabel Hernández.
En el mismo se adelantaba que en las semanas posteriores a la fecha del documento se realizarían detenciones de los principales cómplices, prestanombres y lavadores de dinero al servicio de El Chapo, así como grandes incautaciones materiales que representarían “golpes contundentes” al cártel que lidera, sin embargo, de acuerdo con Hernández, esto nunca sucedió.
En los 17 meses que el supuesto “Chapo” estuvo tras las rejas del penal del Altiplano, sus amplias redes financieras no sólo NO fueron tocadas por el régimen usurpador de Peña Nieto, sino que se extendieron y le habrían permitido fraguar con éxito su fuga de Almoloya, el pasado sábado 11 de julio.
Refiere Anabel Hernández que en junio de 2014, tres meses después de que la Semar tuviera listo el análisis de inteligencia sobre las redes de El Chapo, solicitó información amparándose en la Ley Federal de Transparencia para conocer el número de empresas aseguradas, intervenidas o decomisadas al Chapo, sus familiares y socios, o relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluidos sus nombres y las fechas en que fueron afectadas. Esta información fue solicitada a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, ambas dependencias le negaron la información asegurando que era “inexistente”.
Hasta el momento ningún alto empresario o “político” vinculado a las redes operativas de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sido consignado. De hecho, el día de hoy se denunció que la PGR en realidad ni siquiera está simulando que conduce una investigación sobre el caso, violando además los protocolos estándares de protección y seguimiento de la evidencia, al convertir la celda y el túnel por el que presuntamente se fugó el reo en atracción sensacionalista para medios de comunicación.
Expertos vaticinan, como era de esperarse, que los verdaderos responsables de la fuga del sujeto –en las más altas esferas del actual espuriato, Peña incluido– queden impunes.
Con información de Proceso
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