Para el Departamento del Tesoro norteamericano, estos narcotraficantes hoy libres forman parte de una misma estructura criminal formada desde el Gobierno federal en los años 80
Por: Sin Embargo
Rafael Caro Quintero no necesitó escaparse.
Lo que él requirió fue que tres Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Jalisco, encontraran un error procesal en su acusación por el secuestro y homicidio del agente antidrogas norteamericano Enrique Camarena Salazar –registrado 28 años antes– y que el 7 de agosto de 2013, ordenaran su salida del Reclusorio Preventivo de aquél Estado.
La decisión fue revocada apenas este año por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó sin efectos la sentencia dictada por los integrantes del Primer Tribunal –Rosalía Isabel Moreno Ruiz, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos– y el pasado 16 de enero, reordenó la reaprehensión del capo.
Pero fue más que tarde.
Rafael Caro Quintero de 62 años, considerado uno de los fundadores de la organización original hoy conocida como Cártel de Sinaloa, y cuya detención en 1985 habría fragmentado el narco en México, salió de prisión al tercer día del fallo dictado en su favor por los funcionarios judiciales asignados a Zapopan, la noche del 9 de agosto de 2013.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ofrece por él desde ese año, cinco millones de dólares de recompensa. A la fecha, su fotografía aparece en la portada del sitio electrónico de la agencia norteamericana, que a un lado colocó en estos días también el anuncio con la reactivación de la búsqueda del recién fugado Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, presunto jefe actual del Cártel de Sinaloa.
Para el Departamento del Tesoro norteamericano, ambos narcotraficantes hoy libres, forman parte de una misma estructura criminal que la historia en México indica, fue formada desde el Gobierno federal en los años 80 y cuyas ganancias, sostiene a la fecha el Ejecutivo de Estados Unidos, se “lavan” aún en negocios presuntamente legítimos –bares, fraccionamientos y hasta fábricas de jabón- ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, sede de la organización criminal original.
En esa misma red, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, participa también Juan José “El Azul” Esparragoza Moreno, otro de los integrantes del primer Cártel y que si bien fue dado por muerto en 2014, –nunca hubo evidencia que lo probara–, para Estados Unidos podría seguir activo.
Otro integrante de la estructura que también está libre, según la misma oficina norteamericana (OFAC, sus siglas en inglés), es Dámaso López Núñez, alias “El licenciado”, exdirector del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 “Puente Grande” que habría ayudado al escape de Guzmán de ese penal en 2001 y que desde entonces, habría fungido como uno de los jefes del Cártel de Sinaloa.
“Evidentemente están cerca”, dice Juan Antonio Ortega Sánchez, presidente de un centro de investigación sobre justicia penal y narcotráfico y quien en 1993, fungió como abogado coadyuvante del ministerio público federal en la acusación que llevó a la primera detención de Guzmán Loera.
“Es parte del grupo criminal de Sinaloa.
Con la salida del ‘Chapo', evidentemente están cerca de él Caro Quintero, Ismael ‘El Mayo' Zambada, sus hijos, el abogado López Núñez y su hijo”, agrega Ortega Sánchez.
El abogado entrevistado fue también cercano al fallecido general Arturo Acosta Chaparro, a quien el gobierno de Felipe Calderón habría comisionado para hablar con los cárteles del narcotráfico y que habría escuchado decir de “El Chapo”, que él no se escapó de Puente Grande, sino que salió porque “le abrieron la puerta”.
“Es un grupo muy fuerte, que ha seguido con el trasiego de drogas y que tiene muchísimo dinero y un gran poder corruptor que penetraron la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), en su momento, y que tenían contactos a niveles muy altos de las instancias de seguridad publica, tanto en SIEDO como en la Secretaría de Seguridad Pública”, agrega Ortega.
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