Seguro Popular adeuda a hospitales civiles $6.5 millones desde 2013* Paralizadas, unidades móviles de salud en Guadalajara por falta de recursos
Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 1º de septiembre de 2015, p. 32
Guadalajara, Jal. El servicio en unidades móviles de detección de enfermedades, es uno de los más afectados en esta capital, debido a que los hospitales civiles de Guadalajara no han recibido desde hace dos años, un pago por alrededor de 602 millones de pesos a consecuencia de adeudos del Seguro Popular, si bien hace tres semanas recibieron un abono de 70 millones de pesos.
Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los dos nosocomios que dan servicio general y especializado, a pacientes de escasos recursos de Jalisco y de Estados circunvecinos, informó que las unidades móviles que permitían acercar los servicios de salud a la población se encuentran sin funcionar, debido a la escasez de recursos.
Informó que operantes del seguro popular adeudan a los hospitales civiles 6.5 millones de pesos de 2013, otros 130 millones de 2014 y en lo que va de este año el monto asciende a unos 465 millones.
En abril pasado el gobierno estatal, por conducto de su secretario de Finanzas Héctor Pérez Partida, afirmó que en los próximos cuatro meses estará saldada la deuda del Seguro Popular con los hospitales civiles, y se entregaría una primera partida por 150 millones de pesos.
Este ofrecimiento no se cumplió.
Ante esas declaraciones y otras más recientes de Antonio Cruces, director del Seguro Popular en Jalisco, respecto a que ya no se adeudaba dinero a los hospitales civiles, Pérez Gómez dijo que tiene documentos legales que prueban los servicios prestados a pacientes enviados mediante el Seguro Popular.
Recordó que aunque se adeudaba de la anterior administración estatal otra cantidad millonaria, los cobros por 602 millones solamente abarcan de 2013 a la fecha.
En febrero pasado fue detenido el ex director del Seguro Popular en Jalisco, Álvaro Córdoba Pérez, quien fue acusado de cometer un fraude por 326 millones de pesos entre 2007 y 2012 –según la Contraloría estatal–, por lo cual el juez noveno le dictó auto de formal prisión por el delito de desvío de recursos y aprovechamiento ilícito de facultades.
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