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El Boeing 787-8 ha causado polémica por su elevado costo de
218.7 millones de dólares, así como por la asignación de un contrato por mil
millones de dólares para que una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú –el
constructor y financiero de la “Casa Blanca” de la primera dama, Angélica
Rivera– construya el nuevo hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.
La compra de la aeronave fue sometida a un dictamen que concluyó
que debía ser integrada a la flota presidencial.
Con un tipo de cambio de 13.5 pesos por dólar, según la
Presidencia, el costo total de la nave y su equipamiento fue de 2 mil 952.7
millones de pesos.
La información difundida este jueves aclara que la llegada del
avión está condicionada a diferentes pruebas que practica la Federal Aviation
Administration de Estados Unidos, y una vez que haga su arribo a México entrará
en operación hasta dos semanas después, tiempo en el que se capacitará a la
tripulación y al personal de tierra.
A través de un extenso comunicado, la Presidencia de la
República reitera que la aeronave fue encargada por la anterior administración
(en 2012), luego del accidente aéreo en el que murió el entonces secretario de
Gobernación José Francisco Blake Mora y sus colaboradores, en noviembre de 2011.
La compra del Boeing 787-8 derivó de una evaluación técnica y
operativa realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las
condiciones económicas valoradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y por Banobras.
Y precisamente Banobras contrató en meses pasados –según el
comunicado difundido por instrucción del presidente Peña Nieto– a la consultora
británica Ascend Flightglobal Consultancy, especializada en valuación de
aviones, la cual recomendó conservar la aeronave con base en un análisis
técnico, financiero y de seguridad nacional.
Entre los diferentes aspectos dictaminados por la mencionada
empresa valuadora destaca que de venderse la aeronave a una aerolínea
comercial, se tendría una pérdida significativa en el valor de compra, en
virtud de los tiempos y costos de reconversión interna, que implicarían la
pérdida del equipamiento actual del avión, estimada en 128.2 millones de
dólares (58% de su valor actual).
También considera que si el avión se vendiera en el mercado
privado, una serie de variables advierten que ello tardaría de 12 a 24 meses,
de manera que la pérdida por 24 meses podría ser hasta de unos 65.9 millones de
dólares.
El otro factor dictaminado –siempre de acuerdo con el comunicado
de Presidencia– es que la aeronave fue adquirida a un precio muy atractivo, por
tratarse de uno de los primeros aviones B 787-8 en fabricarse y adquirirse a
precio de flotilla. La aeronave sin equipamiento tuvo un costo de 114.6
millones de dólares, cuando su precio en el mercado –al momento de la compra–
era de aproximadamente 200 millones de dólares. Es decir que se adquirió con un
descuento de 42.7%.
Además se informó que el costo de las adecuaciones, que incluye
ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento
de cabina y certificaciones, fue de 81 millones de dólares y se encuentra en el
rango bajo de los equipamientos estándar de aviones privados de esta dimensión,
que oscila entre los 75 y los 125 millones de dólares.
Por lo anterior, ese tipo de avión sería el más adecuado, y al
prevalecer la necesidad de sustituir el avión “Presidente Juárez”, actualmente
en uso, sería difícil que se consiguiera uno con mejores condiciones.
“En virtud de la pérdida que ocasionaría la venta al erario
público y a que prevalecería la necesidad de renovar el avión presidencial a un
tipo de cambio mayor, se determinó conservar la propiedad de la citada
aeronave”, cita el texto.
La Presidencia explica que Peña y sus colaboradores requieren de
un transporte seguro y confiable, e inclusive describe las horas vuelo y los
viajes que ha realizado el avión “Presidente Juárez”, un Boeing 757-225, que ya
“presenta signos de añejamiento y obsolescencia”.
También menciona que la aeronave actualmente en uso se dejó de
fabricar hace años, de manera que cada vez es más difícil encontrar
refacciones, y por otra parte está impedido para aterrizar en diferentes
aeropuertos del mundo por su alta contaminación sonora.
Entre otras consideraciones, precisa que el nuevo Boeing 787-8
tiene capacidad para más pasajeros y un alcance de 13 mil 900 kilómetros, por
lo que puede realizar vuelos sin escala a diferentes partes del mundo, además
de que consume 20% menos combustible que el “Presidente Juárez, y cuenta con
sofisticados sistemas de seguridad y de comunicaciones.
Así, con base en el mencionado estudio de la consultora
británica y el balance realizado por la Sedena, la Presidencia de la República
determinó quedarse con el Boeing 787, que será entregado en las próximas
semanas al Estado Mayor Presidencial, y el avión “Presidente Juárez” quedará de
respaldo cuando el nuevo vaya a mantenimiento.(Arturo Rodriguez García-Proceso)
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