Con la decisión del tribunal unitario, se ratifica lo que siempre sostuvimos: que el PRI y Nacho Peralta ganaron limpiamente la elección ordinaria: aun cuando hayan sido 503 votos de diferencia.
En enero de este año, agregó, los colimenses ratificaron el triunfo electoral del gobernador con una ventaja 20 veces mayor.
Asimismo, el presidente del CDE del PRI, Rogelio Rueda expuso que mientras un brazo del Poder Judicial como lo es la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la federación TEPJF calificó en octubre del año pasado que Salazar Velasco había cometido un ilícito y por lo tanto anularon los comicios de junio del 2015, ahora viene otro brazo, el tribunal unitario de circuito TUC a decir que no había delito qué perseguir en la actuación de Rigoberto Salazar.
En consecuencia, señaló el líder priista, lo que se requiere es una opinión de la actuación de la sala superior y revisar qué ocurrió -aunque resulte infructuoso, pues estamos ante hechos consumados-.
Pues toda la incertidumbre que se vivió y sobre todo los costos económicos, políticos y el encono social, los ha tenido que pagar la sociedad colimense.
Asimismo recalcó que quien también queda en entredicho es la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales (Fepade) porque “su desempeño ha sido muy cuestionado, la primera vez por omisión, pues cuando se demostró ante la ley que candidatos y militantes panistas estaban cometiendo delitos, la FEPADE no actuó.
Y resulta que cuando por fin decide actuar (en el caso de Rigoberto Salazar) fracasa”, por lo que Rueda Sánchez señaló que también habría que revisar la actuación de la Fepade.
El presidente estatal del tricolor, recordó que con delito o sin él, fue la declaración del ex funcionario de SEDESCOL en el Congreso lo que cambió el proyecto de resolución del tribunal.
“Es decir, Salazar Velasco aportó elementos que originalmente no estaban en el expediente y ello dio pie a la anulación de la elección, por lo cual la sala superior al tener esos elementos de prueba y bajo su opinión, los señaló como posibles hechos constitutivos de delitos, por lo que dio vista a la FEPADE para que investigara los hechos correspondientes según consta en la resolución SUB-JRC-678/2015 y su acumulado SUB-JDC-1272/2015”.
Ante ello, el PRI tenía la obligación estatutaria de iniciar un procedimiento de suspensión de derechos en contra de Salazar Velasco.
Así procedió el PRI estatal quien turnó el caso a la comisión nacional de justicia partidaria CNJP, la que no había resuelto el caso, debido a que el juzgado de distrito tardó varios meses en entregarnos la constancia de sujeción a proceso. Nos la entregaron apenas hace un par de semanas, la remitimos a México, pero al día de hoy no había resuelto, y con esta decisión del tribunal unitario, la comisión Nacional podría señalar que queda sin materia el procedimiento de la suspensión de derechos”, apuntó.
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