A través de una iniciativa de ley
presentada por Nicolás Contreras Cortés, el Grupo Parlamentario Nuestro
Compromiso por Colima propuso que sea derecho de los adultos mayores recibir
asesoría jurídica gratuita en materia de protección a su patrimonio y a testar
sin presiones ni violencia.
Para garantizar la asesoría jurídica gratuita a la que por ley
ya tienen derecho los adultos mayores, los legisladores independientes
propusieron que sea obligación del servicio de defensoría pública proporcionar
sus servicios a los adultos en plenitud, motivo por el que propusieron se
reforme la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima.
Al presentar la iniciativa de ley,
Contreras Cortés señaló que el 26 de
junio de 2015, el Semanario Judicial de la Federación publicó una tesis bajo el
rubro: "Adultos mayores, al constituir un grupo vulnerable, merecen una
especial protección por parte de los órganos del Estado".
Expresó que la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores, de aplicación federal, establece para ese sector
el derecho a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos
administrativos o judiciales y contar con un representante legal cuando lo
considere necesario, además de concederle atención preferente en la protección
de su patrimonio personal y familiar y, cuando sea el caso, testar sin
presiones ni violencia.
En ese tenor, Nicolás Contreras
consideró que la ley estatal ofrece a los adultos en plenitud una prerrogativa
inferior en relación a la norma federal, pues la local no establece una
necesaria distinción entre los procedimientos administrativos y los judiciales
y no contempla el derecho a la representación legal.
Consideró importante distinguir entre
procedimientos administrativos y judiciales, dado que muchos servidores
públicos desconocen dicha normativa especial y por ende no se materializa la
protección efectiva a ese grupo vulnerable.
Finalmente, estimó pertinente incorporar a la Ley para la
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, la protección
amplia a los derechos de esas personas, tal como lo establece la norma federal,
incluyendo el derecho a contar con un representante legal cuando lo considere
necesario.
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