Los 17 trabajadores
de confianza del ayuntamiento de Tecomán que fueron señalados como sancionados
por el OSAFIG en la página web de ese organismo, presentaron denuncia
formal ante la comisión estatal de derechos humanos, ya que consideraron que
exponer sus nombres sin atravesar un proceso de sentencia, vulnera la imagen de
su trabajo ante familia, amigos y familiares, generando descrédito sin
haberse defendido antes.
Los trabajadores se
presentaron en las oficinas de la CEDH en donde fueron atendidos por su
titular Hermilo Flores Arias, a quien le externaron que de acuerdo al informe
que apareció en el portal de la OSAFIG, se exponen nombres, apellidos y
sanciones aún cuando no ha iniciado un procedimiento ante la comisión de
responsabilidades del Congreso del Estado.
La queja, explicó el
secretario de la comuna tecomense Salvador Ochoa Romero, se presentó en contra
del titular de la Osafig así como del diputado presidente de la comisión de hacienda en el Congreso del Estado el también tecomense, Santiago Chávez
Chávez.
El diputado habló de deshonestidad y mal manejo de recursos públicos, los está juzgando como culpables y es un hecho grave porque existe en la Constitución, tratados y leyes una presunción de inocencia que todos los ciudadanos pueden ver cuando en los medios cuando se detiene a una persona, se le cubre la cara, así que es claro que no se puede considerar culpable hasta que se concluya con una sentencia”
El diputado habló de deshonestidad y mal manejo de recursos públicos, los está juzgando como culpables y es un hecho grave porque existe en la Constitución, tratados y leyes una presunción de inocencia que todos los ciudadanos pueden ver cuando en los medios cuando se detiene a una persona, se le cubre la cara, así que es claro que no se puede considerar culpable hasta que se concluya con una sentencia”
Enfatizó que los 17 trabajadores
sin haber sido oídos y vencidos en juicio, “se les está señalando como
culpables al grado de que sus familiares amigos y vecinos les han estado preguntando sobre esas afirmaciones, señalándolos de manejo desordenado de recursos, porque ya se está yendo más
allá de las facultades que da la ley, se les culpa públicamente”.
Mencionó que aun
cuando la OSAFIG manifieste un ejercicio de transparencia y argumente que
existe ley que los obliga, también es muy claro que esa ley no los obliga
a poner nombres y apellidos de las personas.
Lo que hace grave la situación de tal manera, que al dar a conocer sus nombres se da por hecho la sanción”.
Comparó la situación con los listados de morosos que se tienen en conceptos de predial en los ayuntamientos.
“El municipio abre un proceso administrativo, pero nunca se dan a conocer los nombres, porque estaríamos vulnerando a terceros”.
Lo que hace grave la situación de tal manera, que al dar a conocer sus nombres se da por hecho la sanción”.
Comparó la situación con los listados de morosos que se tienen en conceptos de predial en los ayuntamientos.
“El municipio abre un proceso administrativo, pero nunca se dan a conocer los nombres, porque estaríamos vulnerando a terceros”.
En ese sentido,
también anunció que los 17 inconformes piensan presentar demanda civil tanto
al titular de OSAFIG Carlos Armando Zamora González como en contra del diputado
Santiago Chávez por reparación moral del daño.
Ochoa Romero
puntualizó que se pide a la comisión, haga la recomendación a esos dos servidores públicos, para no sacar a la luz pública señalamientos que no tengan sustento de
resolución “porque de lo contrario se promueve ese tipo de daño, no nos
dejaron ni ofrecer pruebas ni demostrar inocencia”.
Por su parte, Flores
Arias, destacó que recibió la queja de acuerdo a lo que marca el procedimiento,
el paso siguiente es el análisis de los hechos para proceder a la integración
del expediente, “una vez que se tenga admitido se giran oficios a la
autoridades señaladas como responsables, quienes tendrán un plazo de 8 días sobre los hechos
señalados, una vez rendidos los informe se le da vista a la parte quejosa, los
analicen y tengan oportunidad de argumentar dónde no están de acuerdo y ofrecer
las pruebas que sustenten los dichos que están planteando”.
El ombudsman declaró
que se tendrá que proceder al análisis final y de encontrar que el acto
denunciado es una genuina violación a sus derechos, se deben emitir las
recomendaciones, “de no ser así, se emiten documentos de no responsabilidad,
salvo que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio y no llegar a una
determinación final”.
Por el momento, solamente se recibió la queja, “necesitamos analizar los documentos para
ver quiénes son los funcionarios que son señalados y solicitar un
informe, que no sería propiamente un citatorio”.
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