COLIMA, COL.-Con base en el informe de la revisión excepcional al Poder Ejecutivo estatal de los años 2013, 2014 y hasta el 31 de Agosto de 2015 realizado por personal del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental OSAFIG, el Congreso del Estado concluyó ese proceso de auditoría con observaciones en responsabilidades.
En su dictamen aprobado en votación unánime, la comisión de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, propuso sanciones económicas resarcitorias directas por 170 millones 436 mil 609 pesos a 13 ex funcionarios de la pasada administración estatal.
Turnado a la comisión de responsabilidades que desahogará los procedimientos de presunta responsabilidad identificada para cada uno de los presuntos responsables, el dictamen aprobado también propone sanciones económicas resarcitorias solidarias por 79 millones 021 mil 182 pesos, para nueve personas morales que fueron proveedoras de productos y servicios en el periodo que comprendió la revisión excepcional.
La revisión de situación excepcional se realizó a petición de los entonces diputados de la 57 legislatura Gina Rocha Ramírez, Yulenny Cortés León, María Angélica Perdía Hernández, José Guadalupe Hernández Arias, Héctor Insúa García, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Sergio Hernández Torres, Gabriela Benavides Cobos, Joel Esparza Peralta y Francisco Ramírez García.
La solicitud hecha en Septiembre de 2015 por los entonces legisladores al Osafig, fue la de revisión de situación excepcional al Poder Ejecutivo del Estado de Colima, respecto a presuntos desvíos de fondos del presupuesto de egresos del Estado para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y al 31 de Agosto de 2015 a fines distintos a los de su aprobación y presunta simulación de reintegros a fondos federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores.
PROPUESTAS DE SANCIÓN
Para el ex gobernador Mario Anguiano Moreno se aprobó proponer sanción económica resarcitoria directa por 38 millones 570 mil 170 pesos e inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos.
Esas propuestas de sanción son por la presunta falta de registro contable a donación que hizo PEMEX al gobierno del Estado de 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil litros de diesel, en las que presumiblemente se omitió procedimiento eficaz y transparente, para designar las empresas que custodiaron el combustible, además de la falta de control para verificar que sí se hubieran aplicado los combustibles en vehículos del gobierno del Estado.
También para el ex gobernador, la legislatura propuso sanción económica resarcitoria subsidiaria por 6 millones 578 mil 515 pesos, pues el informe del Osafig considera que omitió vigilar la comprobación de gastos del fondo revolvente asignado a Carlos Alberto Ceballos Radillo y a Carmen Yolanda Núñez Sosa, su ex secretario privado y la ex administradora en la coordinación general administrativa.
Por esa observación no solventada, el Congreso del Estado propuso sancionar directamente con 4 millones 066 mil 401 pesos a Ceballos Radillo y con 2 millones 733 mil 963 pesos a Núñez Sosa para resarcir el daño, además de la propuesta de inhabilitación por 4 años para desempeñar empleos en el servicio público para el primero y de tres años para la segunda.
Para Anguiano Moreno se propuso también sanción de inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos, pues en 2013 y 2014 el Osafig acreditó que el Poder Ejecutivo del Estado, erogó en nómina de la burocracia estatal mil 867 millones 696 mil 154 pesos de más, a los autorizados en el presupuesto de egresos.
Por esa observación que para al ex gobernador se proponen 9 años de inhabilitación, el Congreso propuso sancionar a Jesús Orozco Alfaro, ex secretario de finanzas y administración con tres años de inhabilitación, debido a que él ejerció ese cargo de Enero a Septiembre del año 2013.
Esa misma sanción fue propuesta para Clemente Mendoza Ramírez secretario de finanzas y administración de Septiembre de 2013 a Septiembre de 2014, y para Blanca Isabel Ávalos Fernández quien ocupó ese cargo de Septiembre de 2014 a Noviembre de 2015.
Por esa misma observación, a los ex directores de egresos de la secretaría de finanzas y administración Rogelio Valencia Sánchez, de Enero de 2013 al 12 de Octubre de 2013; a Ignacio Castro Osobampo, del 13 de Octubre de 2013 a octubre de 2014, y a Gabriel Valdovinos Vázquez de Octubre de 2014 a enero de 2015, se aprobó propuesta de inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos.
Para Jorge Anguiano Olmos ex director de presupuesto de la secretaría de finanzas y administración de Enero de 2013 a Julio de 2015, se propuso inhabilitación de 3 años, por la observación del déficit en la nómina detectado en los años 2013 y 2014.
Mientras que para Xani Citlali Mata Valdez ex directora de contabilidad de la secretaría de finanzas y administración del 16 de Octubre de 2013 a Diciembre de 2014, se propuso inhabilitación de un año para el desempeño de empleos en el servicio público estatal y a Eduardo Camarena Berra ex director de contabilidad de esa secretaría, se aprobó proponer amonestación pública.
También para Orozco Alfaro, el Congreso propuso dos sanciones económicas resarcitorias directas; una por un millón 096 mil pesos y otra por 389 mil pesos.
La primera propuesta de sanción económica resarcitoria directa es por contratar cursos de capacitación del programa Subsemun 2013 sin exhibir evidencia de la prestación del servicio, y la segunda por autorizar el pago del arrendamiento del inmueble propiedad de Rebeca Alexandra Herrera del primero de Septiembre de 2012 al 30 de Agosto de 2013 utilizado por la empresa publicitaria “PUBLIPAN”.
Por la misma observación se propuso sanción económica resarcitoria directa por 194 mil 880 pesos al ex secretario de finanzas y administración Clemente Mendoza, monto del arrendamiento pagado del primero de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
También para Clemente Mendoza y para Juan José Alcaraz Robles ex director del instituto colimense para la sociedad de la información y el conocimiento, se propusieron a cada uno sanción económica resarcitoria directa por 42 millones 753 mil 893 pesos, porque el Osafig detectó que los ex funcioinarios gestionaron y autorizaron pagos por servicio para habilitar 317 espacios públicos con internet mediante la red WiMax y conectar 33 centros de salud con internet, sin existir evidencia de los trabajos efectuados por parte del proveedor.
El Congreso del Estado propuso para Rafael Gutiérrez Villalobos ex secretario de fomento económico y ex secretario general de gobierno, sanción de inhabilitación por 3 años y económica subsidiaria por 7 millones 406 mil 798 pesos, por no abstenerse de participar con tres empresas expendedoras de gasolina con las que tiene relación familiar en primer grado, en la custodia de las donaciones de gasolina y diesel efectuadas por PEMEX y por no acreditar que el combustible se haya aplicado en vehículos del gobierno del Estado.
Con relación a esa observación, para Carlos Arias Guillén ex director general de desarrollo urbano de la SEIDUR, se propuso inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos, pues el ex funcionario habría comprobado a PEMEX que el combustible donado fue utilizado en vehículos del gobierno del Estado, aunque OSAFIG constató que el combustible suministrado a la flotilla vehicular no fue el recibido en donación, sino que fue pagado con recursos del presupuesto estatal.
Para Gustavo Allen Ursúa Calvario ex secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, el Congreso del Estado propuso sanción económica resarcitoria directa por 32 millones 433 mil 134 pesos.
De acuerdo al informe del Osafig, Ursúa Calvario habría autorizado pagos para la contratación de cursos, para la instalación de equipos en los sitios de la red estatal de telecomunicaciones, para la actualización de 15 cámaras de video seguridad en el Estado de Colima y 2 nuevas posiciones para Villa de Álvarez y para equipo de cómputo y video del programa nacional de prevención del delito, sin exhibir evidencia que acredite haber aplicado los recursos en los fines a que estaban contratados.
Presumiblemente se habría cometido esa misma irregularidad en la adquisición de 2 conmutadores para el centro estatal de seguridad y emergencias de Colima y Manzanillo, en el sistema de videovigilancia del reclusorio de prevención de Tecomán, en actividades deportivas para jóvenes de Colima, Tecomán y Manzanillo, en un servicio de atención a consumidores problemáticos y sus familias de Colima, Tecomán y Manzanillo, en el mantenimiento tipo platino a la infraestructura de la red estatal de telecomunicaciones TETRAPOL y en un sistema de videovigilancia de circuito cerrado para el centro de reinserción social de Colima.
El Congreso del Estado propuso para Rigoberto Salazar Velasco ex secretario de desarrollo social del gobierno del Estado SEDESCOL, sanción económica resarcitoria directa por un millón 80 mil pesos, por autorizar el pago de mil 600 paquetes de gallinas ponedoras, sin existir evidencia de la recepción de los bienes y su entrega a los beneficiarios.
Para José Santos Juárez ex director general de administración y abastecimientos y para Adriana Julieta Aguirre Pérez ex directora de adquisiciones, la legislatura propuso para cada uno, sanción económica resarcitoria directa por un millón 096 mil pesos, por autorizar la contratación y omitir los documentos necesarios de un curso de capacitación bajo los programas de SUBSEMUN 2013, del que no se presentó evidencia que acredite el buen manejo de los recursos del programa.
Las sanciones económicas resarcitorias directas propuestas por el Congreso del Estado para el ex coordinador general de comunicación social René González Chávez son dos; una por 691 mil 801 pesos y otra por 903 mil 498 pesos.
Ambas por presumiblemente autorizar el trámite de pago de diversas adquisiciones de servicios de publicidad a favor Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se habría acreditado su efectiva prestación.
Por su parte, para José Fernando Morán Rodríguez ex secretario de desarrollo urbano, el Congreso del Estado propuso sanción económica resarcitoria directa por 439 mil 511 pesos.
Según el Informe de auditoría excepcional del Osafig, Morán Rodríguez habría gestionado y autorizado el trámite de pago por concepto de suministro e instalación de bastidores y 19 poleas en 137 espacios WIMAX a favor de Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las que no se acreditó su real y efectiva prestación por parte de esa persona.
Para el ex secretario de Turismo Héctor Faustino Sandoval Fierros, se propuso sanción económica resarcitoria directa de 137 mil 705 pesos, por gestionar y autorizar trámite de pago de folletos para promoción turística de Manzanillo, Comala, Colima, Tecomán y Armería a favor de Karewi Viridiana Flores, de las que no se acreditó la prestación por parte de esa persona.
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