CD DE MÉXICO.-El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez sostuvo que para el gobierno de Colima, es necesaria la ley de seguridad interior, considerando el crecimiento de los índices delictivos de los últimos años; además de que la seguridad de las familias mexicanas exige una respuesta de Estado.
El pronunciamiento lo hizo al asistir a la reunión de trabajo con las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, de la minuta a la ley de seguridad interior con gobernadores y alcaldes del país, celebrada en la sala de protocolo de la Junta de coordinación política, en la ciudad de México.
Expuso que los elementos ausentes en la política pública de seguridad deben atenderse, así como el diseño y análisis de la misma debe ser ejercicio permanente.
Al hacer uso de la voz, reconoció que en Colima la principal exigencia ciudadana, es establecer las condiciones de seguridad, por lo que acotó que se requiere de toda la fuerza del Estado para lograrlo.
Consideró que todo análisis o alcances de la ley de seguridad interior, requieren compartir la experiencia cercana, por lo que detalló que en el caso de la Entidad se ha experimentado deterioro en los índices de seguridad, particularmente aumento en los índices de homicidios dolosos del fuero federal.
Ello, como resultado de la confrontación entre peligrosos grupos de la delincuencia organizada; además de subrayar que las fuerzas de seguridad locales han sufrido importantes bajas, en un esfuerzo permanente de contención y lucha contra los grupos.
En presencia de sus homólogos de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz; de Guerrero Héctor Astudillo Flores; de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez; y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; así como senadores, el mandatario estatal mencionó que Colima no es un Estado generador, sino importador de violencia, ya que la población del Estado respeta la ley y exigen vivir en paz y armonía.
Reconoció que en esa difícil circunstancia el gobierno del Estado ha contado siempre con el respaldo de las fuerzas armadas del país, que han actuado en coordinación con fuerzas estatales y municipales con respeto al orden legal y derechos humanos, por lo que agradeció el respaldo.
Asimismo, solicitó su presencia para coadyuvar en reestablecer las condiciones de seguridad; añadió que dicho apoyo logró contener por momentos el avance de los grupos delincuenciales y otorgó respaldo institucional.
Puntualizó que si se tuviera consistente y permanente el respaldo de las instancias, amparadas en una ley como la que se discute, los resultados serían distintos.
Pidió no olvidarse, que la ley no facultará la invasión de las fuerzas competencia del orden local que están en camino de fortalecer y aclaró, que tampoco entrarán en sustitución de las policías locales ni establecerán un estado de indefensión.
Se pronunció en favor de una ley que otorgue certeza jurídica a las intervenciones en seguridad interior, con adecuada regulación de sus implicaciones y alcances, que iniciarían a petición expresa, con criterios definidos.
Ello, puede ofrecer marco adecuado para construir nuevo modelo de participación de las fuerzas armadas en importantes tareas; así como contribuir entre todos a la seguridad nacional y la permanencia del estado democrático de derecho.
Sostuvo que para el gobierno de Colima, la ley no buscaría sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino establecer adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para enfrentar el reto de la seguridad interior, dentro del sistema constitucional y en el respeto a los derechos humanos.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la ley de seguridad interior, que se remitió a la Cámara de Senadores, cuya mesa directiva instruyó turnarla a las comisiones unidas de gobernación, defensa nacional, de marina y de estudios legislativos para el análisis del dictamen correspondiente.
El proyecto de ley de seguridad interior, aborda el principio que la ley tiene como objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las Entidades federativas y los municipios en materia de seguridad nacional.
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