COLIMA, COL.-El gobierno del Estado a través del personal de la secretaría de salud y bienestar social, intervinieron en 180 planteles de educación básica durante un año (entre 2017 y 2018), con programas de prevención de adicciones, en donde aplicaron cuestionarios a 4 mil 818 niños, niñas y adolescentes, para detectar y evaluar riesgos psicosociales que hacen más vulnerable a esa población, al consumo de sustancias psicoactivas.
Ese cuestionario de tamizaje de problemas en adolescentes, proporciona margen de intervención en el que se plantea como instrumento de evaluación diagnóstica, para detectar y atender oportunamente, a niños y adolescentes usuarios de drogas o en riesgo de consumo, así como la vulnerabilidad en diferentes áreas de la vida.
La prueba psicométrica validada por la universidad nacional autónoma de México (UNAM) y el instituto nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz; consta de 81 reactivos, subdividido en siete áreas de riesgo como el uso y/o abuso de sustancias; salud mental; relaciones familiares; relaciones con amigos; nivel educativo; interés laboral, y conducta agresiva y/o delictiva.
Los cuestionarios fueron realizados por personal de las unidades de especialidades médicas (Uneme)-centros de atención primaria en adicciones (CAPA) de Colima, Manzanillo y Tecomán, en coordinación con la secretaría de educación y dentro de las acciones de sensibilización y orientación para población en riesgo.
En los CAPAS, se llevaron a cabo cursos de verano para niños y niñas, concursos de dibujo, torneos deportivos, ferias de la salud y acciones preventivas e informativas, con una participación de más de 35 mil personas, así como diversas intervenciones extramuros a usuarios de drogas.
Se brindó tratamiento ambulatorio a 950 consumidores de sustancias en las clínicas de atención residencial en adicciones varonil (Tecomán) y femenil (Manzanillo), otorgando además terapias de rehabilitación a 175 usuarios de drogas y sus familiares, para lograr reinserción familiar y productiva al egreso del tratamiento.
En ese periodo, dentro de la protección a los no fumadores, se reconocieron 80 edificios del sector público y privado como espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, a través del consejo estatal contra las adicciones (CECA) y de la comisión estatal de protección contra riesgos sanitarios (Coespris).
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