COLIMA, COL.-Para brindar mayores oportunidades a los pequeños productores rurales, en especial a los que están en condiciones de pobreza, el Congreso local reformó la ley de desarrollo rural sustentable del Estado de Colima.
Aprobada en votación unánime, la reforma propone que las políticas, programas y acciones que en el medio rural impulse el gobierno del Estado, contemplen como prioridad a los pequeños productores en condiciones de pobreza, teniendo como objetivo el desarrollo integral del campo colimense.
Héctor Magaña Lara, iniciador de la modificación a la ley que regula la política de desarrollo rural en el Estado de Colima, señaló que ahora se brindará mayor igualdad de oportunidades para los productores del campo colimense, situando de manera prioritaria, a los pequeños productores que estén en condiciones de pobreza.
“Esos pequeños productores podrán acceder más fácilmente a las políticas públicas, programas y acciones que implemente el gobierno para el beneficio del medio rural”, explicó Magaña Lara.
Con la reforma a la fracción III del artículo 6 de la leyen referencia, se fortalecerán las unidades de producción agrícola en pequeña escala.
“La finalidad, es considerar a los pequeños productores como prioritarios en las acciones que se realizan, para propiciar la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro Estado”, señaló Magaña Lara al presentar el dictamen a favor de la reforma.
Explicó que la reforma alude a la necesidad de la política social que dé atención prioritaria e incluya, no sólo a los productores y agentes intervinientes, sino también a los pequeños productores en condiciones de pobreza.
Por otra parte, al reformarse el artículo 121 de esa ley, se transparentará la rendición de cuentas a toda organización integrada en el desarrollo rural sustentable.
La norma ahora dispone que el Gobierno del Estado, mediante mecanismos de coordinación con la federación y municipios, promoverá el desarrollo del capital social en el medio rural a través del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores.
Las organizaciones rurales deben ser representativas, transparentes y rendir cuentas, con el objetivo de procurar la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable, señala el dictamen.
La norma también se reformó con la intención de considerar al extensionismo, como un proceso continuo de educación no escolarizada, que brinde asistencia técnica y capacitación a personas del medio rural, considerando nuevas tecnologías para esquemas productivos sostenibles, desarrollo económico y la preservación de recursos naturales.
“Un extensionista es un promotor del desarrollo rural que favorece la realización de procesos de desarrollo rural”, dijo Héctor Magaña Lara, iniciador de la reforma.
El objetivo del extensionismo, es potenciar las capacidades de los productores, sus organizaciones y familias en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, mediante un sistema que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas, dijo.
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