CD DE MÉXICO.-El Senado llamó a la secretaría de educación pública SEP, a que, en coordinación con los Estados, actualice las bases de datos del personal de cada centro de educativo, y dé seguimiento a los trabajadores no identificados, a fin de eliminar los casos que involucran pagos con el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo (FONE) a personas no asociadas.
En el dictamen aprobado, se explica que el FONE es el fondo mediante el cual la federación, cubre el pago de nóminas correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las Entidades federativas, y que realizan funciones destinadas a educación básica y normal.
Menciona que la auditoría superior de la federación (ASF) presentó el informe especial “pase de lista del FONE 2017”, en donde señala que de 808 mil 483 plazas, corresponde a docentes; 226 mil 428 a personal administrativo, 73 mil 628 a directivos y 14 mil 650 a supervisores.
La ASF notificó que ocho de cada 10 trabajadores marcaron asistencia en su centro de trabajo, lo que significa ausencia de 173 mil 776 personas.
“Tomando en cuenta ese criterio, sólo nueve de las 32 Entidades federativas acreditaron más del 90 por ciento de personal identificado en actividades en su centro de trabajo”, se agrega.
Precisa que de los 173 mil 776 casos de personal con inasistencia, la principal justificación estuvo ligada al cambio de adscripción con 85 mil 782, es decir, casi el 50 por ciento.
Aunado a ello, la ASF, detectó aumento en el uso de recursos en pago a trabajadores con incompatibilidad geográfica.
También se menciona que hubo aumento de 0.7 por ciento, en la cantidad de centros de trabajo, cuyo personal es pagado con recursos de ese fondo de aportaciones, además se observa mayor existencia de centros de trabajo en zonas urbanas que en rurales.
La auditoría demostró que los Estados que concentran el mayor número de plazas son la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Tamaulipas, tal como se muestra a continuación
Ante esa situación, las y los senadores, consideraron indispensable que las instancias de educación de los Estados, instauren mecanismos que permitan eliminar esas prácticas que dificultan la excelencia educativa y afectan los recursos públicos.
Se debe poner especial atención a los pagos de personal con incompatibilidad geográfica y al que está dado de baja. También es menester, actualizar las bases de datos de los empleados en cada centro educativo, y dar seguimiento al personal no identificado, ya que a través de esa información, las autoridades podrán fiscalizar el ejercicio del gasto e identificar posibles irregularidades.
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