CD DE MÉXICO.-La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el proyecto de Decreto que expide la ley de amnistía, y lo remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En lo particular, fueron aprobados por 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en términos del dictamen, así como la adición de dos transitorios, impulsados por la diputada Martha Tagle Martínez (MC).
Uno de ellos, busca que la comisión –que integrará el Ejecutivo federal para coordinar los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley- por conducto de la secretaría de gobernación, envíe al Congreso de la Unión informe anual sobre las solicitudes de amnistía recibidas, las resueltas y las pendientes, así como de los supuestos por que se han concedido.
Otro transitorio pretende que en 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, el Congreso de la Unión lleve a cabo revisión de los delitos a que hace referencia ese ordenamiento, con la finalidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.
Tagle Martínez indicó que el universo de personas que podrán estar en esa condición, de ser amnistiados es número limitado y por lo tanto, “necesitamos saber la efectividad de la norma y saber cuántas personas siguen en ese tipo de procesos.
Esa ley es especial porque tiene como objetivo, atender los problemas que se han generado por muchas personas que están presas injustificadamente, pero es un ordenamiento que va hacia atrás, “al tratar de atender esas injusticias” dijo.
Lo que se debe de ver, es cómo desde el Legislativo resolvemos el problema del futuro y cómo evitamos que esas personas sigan siendo perseguidas, criminalizadas y llevadas a la cárcel injustamente, señaló.
“Nos parece importante establecernos como obligación de la Cámara de Diputados, hacer la revisión para actualizar los delitos que han dado origen a esa ley de amnistía.
Tenemos la obligación de revisar si esas infracciones realmente generan el problema, para que las personas que están siendo procesadas caigan en la cárcel porque están mal planteados los delitos”, añadió.
El dictamen precisa que la ley no se limita a la seguridad pública o de justicia, porque se trata de asunto que tiene que ver primordialmente con el pacto social y la manera en que se está procurando reconstruir el tejido social.
Representa un paso en la dirección correcta, no sólo para reparar posibles injusticias que se hayan cometido por el sistema penal, sino que es mecanismo de procuración, que ataca las causas estructurales del sistema de justicia penal, y del fenómeno delictivo que sufre México.
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