CD DE MÉXICO.- La diputada por Jalisco Mónica Almeida López (PRD), afirmó que el grupo de alrededor de 18 mil funcionarios públicos denominados servidores de la Nación de la secretaría de Bienestar, son el ejército electoral del gobierno federal.
En comunicado, exigió someterlos a la legalidad, ya que opera sistemáticamente al margen de la ley con cargo al erario, antes de que los de la autollamada cuarta transformación asumieran el poder.
Aseveró que durante los primeros meses de la actual administración federal, ese grupo violó la ley al entregar apoyos de bienestar mientras daba propaganda del actual presidente de México, acción que se detuvo cuando fue señalado por diferentes entes de la sociedad.
La legisladora comentó que hasta el momento, los servidores de la Nación no tienen tareas claramente definidas, y su situación laboral sigue siendo incógnita.
En el peor de los escenarios para ellos, carecen de protección laboral, prestaciones y de seguridad social.
Al no ser contratados con definición de sus obligaciones y derechos, carecen de protección, pero tampoco podrán ser sancionados en caso de incurrir en alguna responsabilidad. Esos trabajadores están en el limbo legal, pero además en opacidad que sólo se puede definir como corrupción dentro del gobierno de la 4T, sostuvo.
Almeida López hizo el llamado a la congruencia, con el fin de que el trabajo de los servidores de la Nación se traduzca en bienestar para los mexicanos y de no ser así, debe procederse a reestructurar sus funciones.
Primeramente, se debe tener claridad y transparencia en las estructuras orgánicas, salariales, operacionales y funcionales de los servidores de la Nación, así como tener las metodologías de trabajo, los resultados que deberán lograr y establecer los derechos laborales de esos trabajadores, para que ese gasto tenga justificación, puntualizó.
La diputada perredista señaló que tan sólo del primero de Enero al 21 de Marzo de 2019, la secretaría de Bienestar contrató a más de 17 mil 621 servidores de la Nación. Desde perspectiva general, las cifras son contundentes.
Por ejemplo, para gasto en servicios personales para 2020, se observa diferencia de mil 320 millones de pesos respecto a lo aprobado para 2019, lo que es irracional frente al argumento de buscar adelgazar la nómina, pero dejando además lastre económico por el que se tendría que responder ¿Cuánto se tendrá que gastar adicionalmente para solventar los laudos por despidos injustificados de las demás dependencias?”, cuestionó.
Resulta preocupante que hoy desde el Ejecutivo, se disfrace el discurso de austeridad para diluir las capacidades técnicas y laborales de las secretarías más importantes del país, con perfiles altamente capacitados, que fueron arbitrariamente despedidos y por otro lado, engordar la nómina de los funcionarios que implementan los programas asistencialistas y así tener su ejército electoral, concluyó.
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