libre comercio de América del norte (TLCAN), para obligar a México a pagar 37.1 millones de dólares por incumplir a sus obligaciones bajo el TLCAN, luego de que se le negara la autorización para una mina submarina en Baja California Sur.
En 2018, de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT), se les negó por segunda ocasión, la autorización ambiental para el proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego” en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
El proyecto rechazado previamente en 2016, fue revisado tras el juicio de nulidad ante el tribunal federal de justicia administrativa (TFJA), que favoreció a la empresa. De SEMARNAT se ratificó la negativa el 12 de octubre de 2018, cumpliendose con la sentencia del TFJA.
De acuerdo con la SEMARNAT, el dragado propuesto para extraer fosforita durante 50 años, podría causar graves impactos ambientales a especies en peligro de extinción y su hábitat en el Golfo de Ulloa.
Entre las especies afectadas- según SEMANAT- estaban la ballena gris, la ballena jorobada, el cachalote, tres especies de delfines, la orca, el lobo marino de California, nueve especies de aves y cuatro especies de tortugas marinas entre ellas la tortuga amarilla.
Del pago que obligadamente debe realizar el gobierno de México, Mark Gordon CEO de Odyssey, dijo que el fallo valida nuestra posición sobre la negativa injusta de SEMARNAT a nuestro permiso ambiental.
El proyecto sigue viable y de gran importancia.
Del centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), se le notificó a la oficina de Odyssey y a su subsidiaria, Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. (ExO), que la compensación incluye intereses a la tasa de bonos del tesoro mexicano a un año, calculados anualmente desde el 12 de octubre de 2018, los honorarios de los árbitros y los costos administrativos del CIADI.
Los montos otorgados están libres de impuestos mexicanos. Odyssey utilizará la mayor parte del laudo, para cubrir sus obligaciones de financiamiento del litigio.
LA CAUSA DE LA DEUDA
El 16 de septiembre del 2018, intengrantes del Congreso del Estado Quintana Roo, aprobaron exhortar mediante punto de aacuerdo presentado por la diputada Soledad Saldaña Bañales (PES) a la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales del gobierno de la República, a negar nuevamente la autorización del proyecto “Dragado de arena fosfática negra en el yacimiento Don Diego”, localizado en la zona económica exclusiva de México, en la Bahía de Ulloa en la costa Occidental de Baja California Sur.
Saldaña Bañales exhortó a Carlos Mendoza Davis gobernador de esa Entidad, a manifestarse en contra del proyecto.
En nuestro caminar electoral, escuchamos las voces de los pescadores quienes me pidieron presentar sus legítimas demandas ante Congreso, porque es peligro para el medio ambiente ese proyecto, dijo en esa fecha.
Ese proyecto de dragado, es la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática a lo largo de 50 años de vida del proyecto, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final, explicó.
El proyecto implica trabajar las 24 horas del día todo el año durante medio siglo, dar empleo a 80 personas impactando severamente a las 18 localidades de los municipios Comondú y Mulegé, asentadas 7 mil 500 familias que viven de la actividad pesquera, comentó.
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