COLIMA, COL.-Rogelio Rueda Sánchez presidente del comité directivo estatal (CDE) del partido revolucionario institucional (PRI), dio a conocer a través de su asesor jurídico Julio César Marín Velázquez Cottier, tres documentos en donde comprueba al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG), que la excepción que se hizo para que hubiera licitación restringida y no abierta, en la adquisición de equipamiento tecnológico para el nuevo sistema de justicia penal, fue para preservar las más estrictas medidas de seguridad y por lo tanto, el OSAFIG cometió error al hacerle la amonestación pública.
Rueda Sánchez en entrevista telefónica, afirmó que su postura hacia el actuar del OSAFIG, no es por su situación personal, pues ya había advertido en junio pasado que ese órgano técnico para evitar errores e incluso violaciones a derechos humanos, debería otorgar el derecho de réplica.
Rogelio Rueda afirmó que el PRI siempre se ha preocupado por el fortalecimiento de las instituciones y que también mejoran cuando se les hacen señalamientos de un trabajo incorrecto, con el fin de que se corrija y fortalezca pues no se trata de buscar disminuir su valor.
Agregó que las críticas realizadas son puntuales, de un aspecto específico, pues no se trata de descalificar al OSAFIG.
Indicó que debido a que el OSAFIG no le ha dado la oportunidad de hablar con ellos, y tampoco fue convocado, es que lo hace a través de los medios, “como ellos (OSAFIG) también lo han hecho pública la información” con el fin de comunicar a la ciudadanía que el compromiso que asumió a favor de la transparencia, y buscando que no haya impunidad, es firme y que no quede ninguna duda de que esa convicción la tendrá en la dirigencia estatal del PRI.
Los documentos dados a conocer, son oficio del entonces coordinador general de administración de tecnologías del C4 Rodolfo Saúl Román (con fecha 4 de julio de 2014), en donde explica la necesidad de que no se abra ese procedimiento mediante la licitación pública, si no que se haga restringid debido a que “la red estatal de telecomunicaciones de seguridad pública, conecta entre otras instituciones a la procuraduría general de justicia, a la secretaría de seguridad pública, a la dirección de defensoría pública y al supremo tribunal de justicia, todos del Estado, al igual que a las dependencias de seguridad pública federales y municipales en la Entidad”.
Por lo que “todas las soluciones tecnológicas que se conecten sobre esa plataforma, deben contemplar las más estrictas medidas de seguridad y confiabilidad, en cuanto a su planeación, implementación y operación, a fin de garantizar a todas las instituciones que utilizan la plataforma, la discreción y eficiencia requeridas”.
Por su parte, el secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica Gustavo Allen Ursúa Calvario (con la misma fecha del 4 de julio de 2014), señala que el proveedor que brindará los servicios de venta, instalación y configuración de equipo de cómputo y servidores para las instituciones operadoras que conformarán el nuevo sistema de justicia, debe tener la capacidad técnica y operativa, alto nivel de discreción, ser responsable y tener probada honradez, toda vez que se realizarán trabajos que involucran la plataforma de seguridad pública en la cual se administra información confidencial y de uso exclusivo de las instituciones de seguridad pública.
Otro oficio del 8 de julio de 2014, signado por el secretario general de gobierno Rogelio Rueda y Clemente Mendoza secretario de finanzas y administración, en el que se informa que con base en los argumentos técnicos expresados, se opta por sujetarse al procedimiento de invitación a cuando menos tres empresas, exceptuando el de la licitación pública para adquirir el equipamiento tecnológico consistente en servidores, equipos de cómputo y licencias de software, incluyendo los servicios de instalación y configuración para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado Colima, para evitar intrusiones al sistema de seguridad estatal./ BP
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