Con el objetivo de investigar si
existió un desvío de recursos o posibles actos de corrupción en la Dirección de
Pensiones Civiles, en votación unánime el Congreso del Estado exhortó al Órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental a realizar una auditoría
excepcional a la dependencia.
El exhorto al Osafig, propuesto a
través de un punto de acuerdo que presentó Nicolás Contreras Cortés,
coordinador de los legisladores locales independientes, es para que se realice
una auditoría exhaustiva a los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
y 2016 de esa Dirección.
Contreras Cortés mencionó que son frecuentes los
señalamientos sobre la precaria situación de la Dirección de Pensiones Civiles,
a partir del retraso en los préstamos hipotecarios, en los de corto plazo, en
la inexistencia de la prestación para la construcción de viviendas para los
trabajadores y, particularmente, en su falta de participación en el
otorgamiento de pensiones.
No obstante el fin específico de la Dirección de
Pensiones Civiles establecido en la Ley, entre cuyas facultades está realizar
préstamos a corto plazo e hipotecarios y pagar pensiones a los trabajadores, se
da el caso de que las pensiones no son cubiertas en la forma que establece la
legislación, así como tampoco resultan a cargo del patrimonio de esa Dirección,
sino que se constituyen con cargo al presupuesto del Estado, municipio o la
entidad a la que el trabajador prestó sus servicios.
En ese sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario
Nuestro Compromiso por Colima indicó que para determinar las causas que inhiben
la consecución de los objetivos fundamentales de la Dirección de Pensiones
Civiles, es conveniente que el Osafig realice una auditoría exhaustiva de
carácter excepcional a ese organismo.
Explicó que el propósito de la auditoría excepcional será
verificar su adecuado funcionamiento, así como el presunto mal manejo de
recursos o la existencia de posibles actos de corrupción, cuyos resultados servirán
para analizar la viabilidad del funcionamiento de la Dirección de Pensiones así
como, en su caso, fincar responsabilidades si se detecta la comisión de alguna
irregularidad en el funcionamiento de esa institución.
Antes de presentar el punto de
acuerdo, Nicolás Contreras recordó que existen diversos procedimientos
tendientes a clarificar el ejercicio de los recursos públicos de la pasada
administración estatal, por ello “pugnamos por la investigación de presuntas
irregularidades en las áreas educativa y de salud, con sustento en información
emanada de la Auditoría Superior de la Federación, en la que se involucra a
titulares y funcionarios de las dependencias vinculadas”.
Al ratificar su posición en contra de
los actos de corrupción y de negligencia
que afecten el correcto funcionamiento de las instituciones, expresó un voto de
confianza a las instancias que tienen a su cargo la instauración de los
procesos de investigación y sanción que derivan de las denuncias formuladas.
“A esas instancias y dependencias, a
los diputados integrantes de las comisiones ante las que se ventilan los
asuntos a que nos venimos refiriendo, les ratificamos nuestro apoyo en la labor
que realizan y les recordamos que los colimenses esperan mucho de su
actuación”, señaló.
Finalmente, estimó que no actuar
conforme a derecho, soslayar conductas ilegales o favorecer la impunidad,
serían factores reprobados por la población, que de una u otra forma habrá de
manifestarse en contra de quienes, por desconocimiento o mala fe, se abstengan
de ejercer las facultades que derivan de la responsabilidad que ostentan.
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