La Secretaria de Movilidad (Semov),
Gisela Méndez señaló que el Gobierno del Estado revocó 44 concesiones que se
otorgaron en la anterior administración estatal a seis empresas por
irregularidades en el proceso.
La funcionaria estatal indicó que el
proceso de extinción se llevó a cabo durante más de un año, ya que en el
gobierno interino, que encabezó Ramón Pérez Díaz, se detectaron movimientos
irregulares en dichas concesiones, por lo que dicha administración ordenó una
auditoría a la Controlaría del Estado para evaluarlas.
“Con los datos que extrajo la
Contraloría y el análisis que hizo el equipo de la Secretaría de Movilidad en
febrero de 2016 se estableció que teníamos elementos suficientes para iniciar
el proceso de revocación de 44 concesiones”, detalló la titular de Semov, quien
recalcó que no había antecedentes en el Gobierno del Estado de un proceso de extinción,
cancelación o revocación de esta naturaleza.
En este sentido refirió que este
proceso inició el 11 de abril de 2016 y el acuerdo que extingue las concesiones
se emitió el 11 de abril de este año y con ello, inició la elaboración de
decretos y recursos jurídicos para que el gobernador José Ignacio Peralta
Sánchez publicara en el Periódico Oficial del Estado el pasado 17 de junio la
extinción de las 44 concesiones.
“Las causales principales de
revocación son el hecho de que se dieron de baja del registro de concesiones,
lo que quiere decir que son concesiones que no estaban operando y eso es una
causal de revocación de acuerdo a la Ley de Transporte del Estado”, indicó.
Las seis empresas a las que el
gobierno estatal revocó las concesiones son:
Autotransportes Los Tesmos, Autotransportes Camino Real, Sky Line
Construcciones, Skymcom, Autotransporte Drissana y Servicios Especializados de
Transporte en General.
Comentó que el acuerdo publicado en el
periódico oficial contiene el resolutivo de la Secretaría de Movilidad;
antecedentes y número de expedientes, así como el nombre de las empresas a las
que se les extinguieron las concesiones.
A pregunta expresa Gisela Méndez
expuso que los nombres de quienes conforman las empresas pueden conocerse al
consultar las actas constitutivas de las empresas.
Finalmente, consultada por los
periodistas si se llevó a cabo algún proceso legal en contra de servidores
públicos que hayan cometido alguna irregularidad, respondió que se interpuso
una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría
inició un proceso administrativo.
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